
La Federación le envió un burofax en el que argumentaban su despido por "transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza" al acusarla de estar detrás de diversos contratos de representación que las nadadoras firmaron con terceros.
Ahora, dicho despido se ha considerado improcedente por no poder demostrar que Tarrés fuera la ejecutora o mediadora de dichos contratos.
Por todo ello, la Federación, deberá indemnizar a Tarrés por un importe que asciende a más de 383.000 euros.
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